La Justicia al negar información pública empaña el proceso electoral
Por Daniel Miranda
Director.
A la medianoche cerró el plazo para solicitar la oficialización de candidatos para cargos provinciales y municipales, de acuerdo al calendario electoral provincial.
Es uno de los requisitos fundamentales que deben cumplir los frentes, alianzas transitorias y partidos políticos que aspiran a intervenir en un proceso electoral.
Los ciudadanos que pretenden representar al pueblo, son expuestos ante la Justicia que evalúa si son hábiles para estar a consideración del electorado.
Es entonces una jornada trascendental de la democracia.
secretaria Electoral provincial, Sandra Romero Guzmán.
Se trata de un trámite que se formaliza ante la Secretaría Electoral, a cargo en la actualidad de Sandra Romero Guzmán.
Sin embargo, el ritual al que se someten las fuerzas políticas fue empañado por la funcionaria pública.
Justamente quien tiene la responsabilidad de garantizar transparencia, discriminó y ocultó información a la prensa.
Dos cronistas de elchorrilllero.com concurrieron pasadas las 23:30 a la sede del órgano judicial.
Romero Guzmán se negó a atender a este medio y a una periodista de una radio.
En cambio, la secretaria Electoral proporcionó oficialmente los datos a El Diario de la República.
Todos los medios tienen derecho a saber cuáles fueron las fuerzas que inscribieron candidatos.
Este cronista cubrió, personalmente y en forma consecutiva, absolutamente todos los cierres de plazo de inscripción de listas que se sucedieron entre las elecciones legislativas de 1993 y las generales de 2003 para El Diario de la República y Ámbito Financiero. En honor a la verdad, los secretarios electorales (Nelson Leotta, Justa Moreno, etc) esa misma noche difundieron los datos (partidos y candidatos).
Este medio publica las nóminas de postulantes de San Luis Somos Todos, partido que lidera el intendente de la ciudad de San Luis, Enrique Ponce y del Frente Avanzar y Cambiar por San Luis, porque fueron los únicos que las brindaron a la prensa.
El acceso a la información no es un favor del Estado a los ciudadanos. Es un derecho que forma parte del sistema republicano.
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), define al derecho a la libertad de expresión como el derecho de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, abarcando naturalmente a la información en poder del Estado.
Es un derecho de todos acceder a la información pública.